La Contraloría de San Pedro Garza García abrió el 19 de octubre de 2026 seis procedimientos de responsabilidad administrativa contra igual número de exfuncionarios de la administración 2021-2024, encabezada por Miguel Treviño, por no presentar en plazo su declaración patrimonial de conclusión. Los expedientes 52/2026, 55/2026, 56/2026, 57/2026, 58/2026 y 67/2026 se notificaron por edicto en el Periódico Oficial del Estado, según ABC Noticias y El Norte.
La Coordinación de Substanciación de Responsabilidades Administrativas, adscrita a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia municipal, invocó el artículo 49, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León, que obliga a presentar la declaración al concluir el servicio público. Los señalados son Damaris Giselle Peña Leal, Claudia Lizbeth Hernández Sandoval, Jesús Rolando Rincón Salazar, José Juan López Uribe, Christian Jesús Barrientos Sandoval y René Hernández Tolentino, quienes deben comparecer en Independencia 316, cuarto piso, del Casco Urbano de San Pedro.
El caso se suma a una serie de procedimientos abiertos por el municipio contra el gobierno anterior. Desde el 15 de octubre de 2024, la Contraloría denunció la eliminación de información en 11 secretarías; en enero de 2025 indagó el uso del chatbot Sam Petrino para fines privados; en abril presentó otra querella por un servicio cercano a cuatro millones de pesos, y en agosto de 2025 presentó una denuncia penal contra seis exfuncionarios, incluido Treviño, por presuntas irregularidades en la designación de la titular de Obras Públicas y en las obras del Centrito Valle y el Casco, reportó Telediario. El 30 de septiembre de 2025, el Congreso local inició un juicio político contra el exalcalde por reinstalar a Javier de la Fuente como secretario de Desarrollo Urbano.
El ayuntamiento precisó que ninguno de los seis casos corresponde a exfuncionarios de primer nivel y que los expedientes se limitan a un incumplimiento formal, sin que se investiguen hechos que pongan en duda su honestidad. En agosto de 2025, el secretario de la Contraloría y Transparencia municipal, Daniel Iván Ruiz Chávez, sostuvo: «Si se detecta alguna irregularidad es nuestro deber presentar la denuncia», según Milenio.
El municipio no informó cuándo concluirán los seis procedimientos ni qué sanciones contempla la ley. En paralelo, el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León analiza el expediente contra otras seis exautoridades por la contratación directa de un servicio de escaneo y firma digital, remitido el 24 de septiembre de 2025, de acuerdo con Telediario.
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