Los pasivos de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey suman 9,923.7 millones de pesos, 54% más que en igual lapso de 2025, de acuerdo con el tercer informe financiero de la paraestatal, reportado el 9 de noviembre de 2026 por El Norte. La cifra incluye obligaciones de corto y largo plazo del organismo que abastece de agua potable a la zona metropolitana de Monterrey.
El saldo contrasta con el del segundo trimestre: con el informe de abril a junio, publicado en agosto de 2026 por el mismo diario, los pasivos eran de 10,117.7 millones de pesos, 64% por encima de un año antes. Entre julio y septiembre la deuda bajó 194 millones de pesos frente al trimestre previo, pero la comparación anual sigue en terreno negativo para las finanzas del organismo.
En paralelo, diputados del PRI y del PAN impulsan una reforma a la ley que crea el organismo para que no pague impuestos estatales ni municipales, incluido el impuesto verde, y para que sus ingresos se destinen a infraestructura, mantenimiento, saneamiento y mejora del servicio. La propuesta adiciona un segundo párrafo al artículo 4, un artículo 11 Bis y párrafos segundo y tercero al artículo 12.
La ruta anterior se cerró en septiembre de 2026, cuando la reforma a la Ley de Hacienda que precisaba esa exención no alcanzó los 28 votos necesarios en el Pleno para superar el veto del gobernador Samuel García. Al presentar la nueva iniciativa el 14 de septiembre, el diputado Javier Caballero afirmó: «Agua y Drenaje no debe de pagar impuestos». El coordinador del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, sostuvo que «desgraciadamente la han estado utilizando como caja chica».
El texto también obliga al organismo a aprobar cada año, en su Consejo de Administración, un programa de inversión de al menos cinco años, y a enviarlo al Congreso junto con su informe. De la Fuente lo resumió así: «Con estos candados lo que buscamos es que la paraestatal tenga recursos suficientes».
Para los usuarios de Monterrey y los municipios conurbados, ese programa será el punto donde se pueda revisar si los ingresos por tarifas y las exenciones fiscales se traducen en obra y mantenimiento, o si los pasivos de 9,923.7 millones de pesos vuelven a subir en el siguiente informe trimestral.
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