Al cierre del tercer trimestre de 2026, Nuevo León recaudó 269.9 millones de pesos por el Impuesto por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos (ICEMP), 13.2% menos que los 311 millones registrados en el mismo punto de 2025, según la Cuenta Pública estatal reportada por El Norte el 6 de noviembre de 2026.
La caída coincide con una racha de amparos de pedreras ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El 9 de julio de 2026 el Pleno declaró inconstitucional el impuesto al resolver el amparo 592/2025 de una empresa productora de yeso, con seis votos a favor y tres en contra, y estableció que la regulación minera corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, informó Milenio. En octubre la Corte sumó amparos a Granix, Triturados El Roble y Productos de Caliza, de acuerdo con El Norte.
“Al haberse declarado inconstitucional el impuesto, los sujetos obligados pudieron haber optado por no pagarlo», declaró Rodrigo Farías, especialista en impuestos ecológicos, a El Norte. El ICEMP es uno de los cuatro impuestos ecológicos del estado y se cobra a las pedreras desde 2022; grava la extracción de material pétreo, insumo de la construcción. La Corte ha concedido amparos similares contra gravámenes ecológicos en Baja California, Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí y Querétaro.”
El gobierno estatal sostiene otra lectura. Fernando Villarreal, titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria (SATNL), dijo a Milenio que el gravamen «no es inconstitucional y su cobro continúa vigente en Nuevo León», y que la resolución solo beneficia a una empresa. La recaudación por extracción de materiales pétreos en 2025 fue de 620 millones 170 mil 321 pesos, según Milenio.
Emilio Sánchez, especialista en finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), sostuvo que estos gravámenes deben tener destino específico: «El etiquetar o destinar impuestos a ciertos fines específicos es algo bastante positivo», dijo a El Norte.
Las empresas que ganaron los amparos pueden solicitar la devolución de lo pagado ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería estatal. El siguiente dato comparable será el cierre anual de 2026 en la Cuenta Pública.
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