El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dispone a resolver este jueves 5 de noviembre de 2026 si ratifica la suspensión que impide al Congreso de Nuevo León ejecutar la destitución o la inhabilitación del gobernador Samuel García mientras se resuelve el fondo de la controversia constitucional. La ministra Sara Herrerías propone confirmar la medida, que requiere tres votos, según Agencia Reforma.
El juicio político empezó el 12 de junio, cuando el Congreso local declaró procedente la solicitud de la Comisión Anticorrupción por una denuncia de Morena por supuesto peculado y enriquecimiento ilícito, según Agencia Reforma. El 13 de julio la Corte concedió la suspensión: ordenó que, sin detener el procedimiento, «no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político», reportó El Universal. La medida busca evitar un daño de difícil reparación, porque el tiempo fuera de un cargo de elección popular no se recupera.
La suspensión no cancela el trámite: el Congreso conserva la facultad de sustanciar el juicio, incluidos el desahogo de pruebas y el dictamen, pero queda bloqueada la etapa final que conduce a la separación del cargo o a la inhabilitación. Ricardo Tamez, asesor jurídico del Legislativo estatal, dijo a Milenio que «en la Corte sí autorizan a resolver en definitiva al Congreso y por ende al Tribunal Superior de Justicia», y precisó que «solo en el caso de que se sancione su destitución, se suspende su ejecución para separarlo». El gobierno estatal sostuvo que la decisión de la Corte obedece a falta de pruebas y al uso de notas periodísticas y denuncias en curso, según el mismo medio.
El calendario define el alcance real de la medida. La Corte no fijó plazo para resolver el fondo de la controversia y el sexenio de García concluye en octubre de 2027, de modo que la suspensión cubre prácticamente todo el tiempo que le resta al gobernador. Para quien vive en Nuevo León, el litigio deja abierta la pregunta sobre la permanencia del gobernador mientras el Congreso local conserva vivo el procedimiento por presunto desvío de recursos públicos.
El siguiente paso es la resolución de fondo, que no tiene fecha en el calendario del Pleno. Mientras llega, el Congreso mantiene abierta la ruta procesal y el gobierno estatal su defensa judicial; la votación de este jueves fija el margen de cada uno para lo que resta de administración.
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