El 20 de mayo de 2026, José Lobatón, propietario de la desarrolladora Proyectos 9, fue detenido e internado en el penal de Apodaca. Casi seis meses después, los cientos de compradores que reclaman 1,200 millones de pesos en conjunto siguen sin recibir un solo peso, según reportes de Info7 y El Horizonte publicados el 17 de noviembre de 2026.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró siete desarrollos el 14 de julio de 2026 en Monterrey y San Pedro Garza García, entre ellos Sohl, los edificios Moca y Volga. La medida buscaba proteger los bienes mientras avanzaban las indagatorias, pero no convirtió los inmuebles en propiedad de las víctimas. El 23 de octubre fue detenido el socio y representante legal Manuel Enrique Cano de Anda. Lobatón acumula al menos cinco vinculaciones a proceso por fraude; su socio, cuatro carpetas de investigación.
Liliana Leal, afectada que encabeza las protestas desde abril y quien invirtió 4 millones de pesos en un departamento de Torre Sohl, sostiene que el aseguramiento no se traduce en reparación. «Para nosotros, el aseguramiento no garantiza en absoluto que vaya a existir una reparación del daño. Estamos igual; no hemos avanzado en nada», declaró a Info7. La afectada añade que los recursos de los fideicomisos fueron retirados y que varios inmuebles asegurados están hipotecados a favor de terceros.
El fiscal Javier Flores Saldívar afirmó el 4 de noviembre de 2026, en declaraciones retomadas por MVS Noticias, que la investigación sigue activa: «Yo les puedo asegurar que día a día se están haciendo actuaciones por parte de la Fiscalía». La dependencia reportó el aseguramiento de cuentas bancarias y bienes; los afectados responden que no se congelaron cuentas ni fideicomisos y que la Fiscalía no ha respondido a sus solicitudes de mesas de trabajo.
Un litigante del ramo inmobiliario consultado por Info7, que pidió reservar su identidad, calcula que el proceso se extenderá años: «La verdad es que esto puede durar muchísimos años». El caso avanza por denuncias individuales y colectivas, alrededor de 400 carpetas según los manifestantes, de las cuales solo entre cuatro y cinco se judicializaron.
Los afectados piden a la Fiscalía estatal un calendario de audiencias y el destino de los inmuebles asegurados. La siguiente revisión de las medidas cautelares definirá si los bienes se mantienen bajo resguardo o pasan a un proceso de remate para indemnizar a los compradores.
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